Impartición de la formación

La formación inicial es la antesala del ejercicio profesional. No solo dota a los profesionales del conocimiento y de las aptitudes básicas que deben demostrar tener para poder acceder a la profesión elegida, sino que al mismo tiempo sirve para moldear las percepciones de los principios, del conocimiento y de las aptitudes que resultan fundamentales para el posterior ejercicio de la profesión. Por lo tanto, resulta esencial que la formación inicial que se dispensa a los profesionales que intervienen para permitir o facilitar el acceso a la justicia incluya, como mínimo, un conocimiento básico de los derechos fundamentales de los niños con discapacidad mental, así como de la trascendencia que tiene garantizar que estos derechos se respetan en la práctica, con conceptos tales como el de ajuste razonable. Asimismo, resulta crucial que esta formación inicial no refuerce ni dé lugar a actitudes o prácticas que puedan suponer menoscabo para los derechos fundamentales en el acceso a la justicia en igualdad de condiciones de los niños con discapacidad mental. Estas actitudes y prácticas a las que hacemos referencia pueden traer causa en el modelo médico o de la deficiencia de la discapacidad.

La formación inicial pocas veces será suficiente por sí sola para garantizar que los profesionales cuentan con un conocimiento suficientemente profundo y con unas aptitudes suficientemente amplias como para velar por la igualdad en el acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental. Una formación continua -ya sea obligatoria o voluntaria- es vital a la hora de garantizar que los profesionales correspondientes tienen presentes sus obligaciones de respeto, protección y promoción de los derechos, así como para garantizar que están dotados de los conocimientos técnicos actualizados y de las aptitudes necesarias para cumplir con sus obligaciones. Una vez más, es absolutamente fundamental que esta formación no sirva para cimentar actitudes y prácticas que puedan suponer menoscabo para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Hay algunos elementos de la formación profesional continua en materia de acceso a la justicia de niños con discapacidad mental que deben tener carácter obligatorio, como, por ejemplo todos aquellos aspectos relativos a la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Otros elementos pueden ser opcionales, pero se debe prestar atención a la escasa importancia que se le suele dar a este tipo de formación y a los esfuerzos reales que se hacen para incentivarla, como, por ejemplo, el reconocimiento formal de la participación en cursos o programas a través de sistemas de desarrollo profesional continuo.

A título de ejemplo, cabe apuntar que en Inglaterra los trabajadores sociales están obligados a cursar 15 días de formación cada tres años, de cara a conservar su inscripción profesional en el Consejo General de Asistencia Social (General Social Care Council), como también deberán llevar un historial de los estudios que realicen por su cuenta. También existe un instrumento desarrollado para los trabajadores sociales denominado Instrumento de Capacidades Profesionales (Professional Capabilities Framework), que exige, tanto a los estudiantes de trabajo social como a los trabajadores sociales, acreditar su aprendizaje en nueve ámbitos, entre los que se incluyen:

• Diversidad

En este ámbito se reconoce la diversidad y la aplicación de principios contrarios a la discriminación y a la opresión en la práctica, incluidos raza, discapacidad, clase social, condición económica, edad, sexo, género o transgénero, creencias, opresión, marginación y alienación, así como privilegio, poder o reputación.

• Derechos, justicia y bienestar económico

Este ámbito comprende la promoción de los derechos humanos, de la justicia social y del bienestar económico, incluyendo la importancia de utilizar y contribuir a la jurisprudencia y a la aplicación de estos derechos en su propio ejercicio profesional.

En Escocia, además de un programa de formación muy reconocido, los miembros del panel Child Hearings también reciben el volumen 2 del Children’s Hearings System Training Resource Manual, que abarca los derechos de los niños, aquellas situaciones en las que se necesita apoyo adicional, como en casos de TDAH, y concienciación en materia de salud mental. 

Vol.1: http://www.scotland.gov.uk/Resource/0041/00419222.pdf

Vol.2: http://www.scotland.gov.uk/Resource/0041/00419420.pdf

Otros instrumentos de formación continua pueden tener carácter opcional. Por ejemplo, en España, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) colaboró en la impartición, en septiembre de 2014, de un seminario de formación especial en materia de derechos y protección de la imagen de niños con discapacidad, dirigido a fiscales del orden jurisdiccional civil de la Fiscalía Provincial de Madrid. Este curso se organizó en el marco del programa anual de formación para fiscales especializados, y la idea es repetirlo anualmente. En la República Checa, la Oficina del Defensor del Pueblo organizó un seminario, en 2013, para aquellos fiscales que se dedican a controlar la observancia de los derechos de los niños en centros educativos, en el que se incluyó formación relativa a cómo comunicarse con niños que han sido asignados a una institución.

El impacto que tiene la formación sobre el ejercicio profesional no es solo una cuestión que depende del contenido del curso. Tiene la misma importancia la forma en que se imparte esa formación y concretamente cómo la forma de impartirla modula y refuerza tanto el respeto como la comprensión de los derechos de los niños con discapacidad mental.

A continuación se exponen tres criterios básicos para una efectiva prestación de la formación sobre el derecho de acceso a la justicia, de los niños con discapacidad, en igualdad de condiciones.

El derecho de los niños con discapacidad mental a que se escuche su voz en cuestiones relativas a su propia vida es un principio profundamente arraigado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y constituye la base que permite garantizar el acceso a la justicia. La CDPD es explícita cuando exige (Artículo 4.3):

«En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan».

Esta obligación de involucrar debe alcanzar el hacer partícipes de la formación de profesionales a los niños y adultos con discapacidad mental y a sus organizaciones representativas. Esta participación es importante y beneficiosa por una serie de motivos:

• Los niños y adultos con discapacidad mental son expertos debido a su experiencia, y por ende aportan reflexiones y conocimientos únicos y de un valor incalculable a la formación de aquellos profesionales a los que se les encomienda la protección de sus derechos.
• La relación de poder habitual entre personas con discapacidad y profesionales se revierte, en la medida en que los primeros pasan a ser tutores expertos y formadores (transmitiendo conocimientos esenciales) de los segundos. Por lo tanto, este nivel de involucración en el diseño y en la impartición de la formación puede ayudar a combatir la cosificación y los prejuicios que todavía existen con respecto a las personas con discapacidad y que aún hoy pueden impedir una práctica respetuosa con sus derechos.
• La participación de niños y adultos con discapacidad en la impartición de la formación profesional en materia de acceso a la justicia ofrece un espacio seguro para aprender de los errores y para generar confianza a través de la práctica en ámbitos como la comunicación efectiva.

Por ejemplo, la organización del Reino Unido CHANGE, ofrece una serie de paquetes de formación que han sido desarrollados y que se imparten por personas con discapacidades intelectuales  http://www.changepeople.org/training-services/hate_crime_training_power_changers/

Estos paquetes incluyen formación dirigida a profesionales del orden jurisdiccional penal en materia de delitos motivados por el odio hacia la discapacidad. Esta formación incluye:

• Cómo reconocer cuándo se está ante un delito motivado por el odio hacia la discapacidad.
• Cómo la desigualdad en los derechos de personas con problemas de aprendizaje está directamente vinculada con los delitos motivados por el odio.
• Cuestiones de responsabilidad profesional, que incluyen aspectos relativos a las garantías o a la protección.
• Mejores prácticas sobre cómo dar apoyo e indicar a las personas que deben hacer uso de las organizaciones correspondientes.

En Hungría, el Ministro de Administraciones Públicas, junto con la Asociación Húngara en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szövetsége – ÉFOÉSZ), formó a 300 policías de 20 comisarías en materia de concienciación. Esta formación perseguía los siguientes objetivos:

• Reforzar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad intelectual.
• Ampliar el conocimiento de los policías en materia de comunicación con personas con discapacidad intelectual.
• Poner el acento en la obligación de los policías de asumir responsabilidades en lo referente a garantizar el acceso a la justicia.

Además de que se puso a disposición de los participantes una serie de técnicas tremendamente innovadoras, a los participantes les acompañó un miembro de la Asociación que tiene una discapacidad intelectual. http://www.efoesz.hu/index.php?m=text&id=137 

En Irlanda, la formación voluntaria para la Policía (Garda Siochana) en materia de interrogatorios especializados de niños y personas con discapacidad intelectual, incluye interrogatorios prácticos con personas con discapacidad.  http://www.publicjobs.ie/publicjobs/publication/document/08012_Notes_for_Candidates.pdf

La organización Triangle, de Reino Unido, desarrolla una amplia gama de cursos de formación, y ha llegado a más de 40.000 profesionales, entre los que se incluyen policías, trabajadores sociales, profesionales en sectores tales como la sanidad o la educación, abogados y jueces. Estos cursos han ido desde presentaciones breves, a cursos de cuatro días. En ellos se incluyen interrogatorios a niños pequeños y a niños con trastornos de comunicación, actividad que se enmarca en un curso de dos días pensado para permitir que interrogadores experimentados desarrollen sus capacidades, incorporando a niños y jóvenes con discapacidad. Triangle normalmente hace partícipes a niños y jóvenes del desarrollo e impartición de gran parte del material que utiliza para los cursos de formación (incluidos niños sordos y con discapacidad).  http://www.triangle.org.uk/training/questioning-children-and-young-people-for-legal-purposes

En Bulgaria, la Asociación de Padres de Niños con Epilepsia, pidió a grupos de niños epilépticos que tradujeran los principios básicos de los derechos de los niños a un lenguaje accesible para niños; un modelo que podría aplicarse en el contexto de la formación de profesionales que están en contacto directo con niños y que trabajan en la protección de sus derechos.

Muchos profesionales ajenos al mundo jurídico carecen de un conocimiento práctico sobre las normas de derechos humanos. De igual modo, los profesionales del Derecho muchas veces no están familiarizados con cuestiones relativas a la discriminación que se vive en el día a día y con las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad mental. Esta falta de comprensión recíproca contribuye a crear sistemas fragmentados que no se dan apoyo entre sí, eso cuando no suponen un importante menoscabo el uno para el otro, lo cual va en detrimento de los derechos de los niños con discapacidad mental.

Resulta evidente que hay aspectos de cada profesión que exigen un nivel de especialización muy alto. No obstante, también hay beneficios reales asociados a construir activamente un conocimiento compartido, así como a promover un entendimiento pleno entre todas las profesiones que participan en la protección de los derechos de los niños con discapacidad mental. Esto se puede lograr introduciendo contenidos básicos y aptitudes comunes, tanto en la formación inicial como en la formación continua, en relación con cada una de las profesiones, tal y como se señala en otro punto de este material didáctico online. Asimismo, hay ventajas en la formación que permite la unión y el aprendizaje recíproco entre profesionales pertenecientes a distintas disciplinas.

Por ejemplo, la asociación Pulse, en Pernik, Bulgaria, ofrece cursos de formación en materia de derechos de los niños a escolares, policías, trabajadores sociales y profesores, concentrándose en superar los prejuicios y las actitudes negativas hacia los niños con discapacidad mental que son víctimas de delitos.

En Rumanía, el proyecto «Audis: For a Better Juvenile Hearing» organiza sesiones formativas de carácter multidisciplinar para profesionales, en el ámbito de la justicia, de la policía, de la asistencia social y de la protección de niños y la psicología.  http://www.fonpc.ro/images/programe/audis-gb.pdf

En España se han celebrado una serie de convenios de colaboración entre instituciones representantes de profesionales relevantes y organizaciones de personas con discapacidad, entre las que se incluyen las personas con discapacidad intelectual, con el objeto de ofrecer una formación profesional de carácter continuo. Entre estos convenios se incluyen acuerdos celebrados entre el Consejo General de la Abogacía Española, la Fundación ONCE y el CERMI, y entre el Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Fundación de la Abogacía, y la Federación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). Como resultado de estos convenios se han organizado multitud de cursos y congresos, aunque ninguno de ellos se ha referido expresamente a la situación de los niños con discapacidad mental.

Finalmente, conviene destacar la creación de oportunidades para que los profesionales aprendan a través de una experiencia directa trabajando con niños y/o adultos con discapacidad mental por medio de unas prácticas laborales. Esta forma de prácticas laborales brindan la oportunidad no solo de desarrollar y perfeccionar ciertas aptitudes, como por ejemplo las relativas a la comunicación, sino también de cuestionarse los prejuicios y miedos que uno pudiera tener, así como de generar confianza.

A título de ejemplo, cabe apuntar que en Irlanda la formación voluntaria para la Policía (Garda Síochána), en materia de interrogatorios especializados con niños y adultos con discapacidad mental, incluye un periodo de tres meses con personas con discapacidades intelectuales en ONGs o con proveedores de servicios relacionados con la discapacidad. Puesto que el programa comenzó en 2007, ya hay 112 Garda formados a través de este programa especial.  http://www.publicjobs.ie/publicjobs/publication/document/08012_Notes_for_Candidates.pdf.

El programa de formación pretende observar las Directrices en materia de buenas prácticas de 2003 (Good Practice Guidelines), que fueron redactadas por una comisión compuesta, entre otros, por trabajadores sociales, abogados, proveedores de servicios de apoyo a las víctimas, jueces y policías.