15 September 2015

Provocando una revolución de la salud mental en Buenos Aires

El sistema de salud mental de la Argentina necesita una sacudida. Pasé unos días con los abogados defensores públicos especializados en este tema. Están en una posición ideal para crear el caos jurídico.

Read the post in English. This has been kindly translated into Spanish by Carmen Zavala and Gabriela Spinelli. 

Por invitación de la Defensoría General de la República de Argentina, visité Buenos Aires a finales del año  pasado (lo sé, lo sé, retraso enorme en escribir esta entrada del blog!) Para dar cuatro presentaciones en 2 días en varios seminarios sobre derechos humanos.

La Dra. Stella Maris Martínez, la Defensoría General de la República Argentina, es una líder impresionante. Ella ha reclutado en su oficina al  grupo más experto, apasionado y humilde de abogados que he conocido. Se besan en la mejilla (sólo una mejilla en Argentina: Cabeza hacia la izquierda en lugar de la derecha como en  Europa. No es de extrañar que quisieran que hable sobre el caso Kiss, en inglés beso). Ellos sin miedo demandan al gobierno. Llevan casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toman riesgos. Ellos celebran victorias con vino Malbec. Ellos llevan a los visitantes a comer en los restaurantes que sirven una cantidad más absurda de carne sanguinolenta. Estas personas trabajan duro e inteligentemente, y en equipo. También son encantadores, algo que es inusual en los abogados. Después de dos días y medio ya no eran simplemente contactos de LinkedIn, sino amigos.

Stella Maris-Martínez Source: Wikipedia

Probablemente Argentina es única - quizás con excepción del sistema de protección y promoción de los EE.UU. -de tener un servicio financiado por el Estado que "promueve e implementa políticas que faciliten el acceso a la justicia de los sectores discriminados", como dice el documento fundacional de la Defensoría General de la Nación (DGN). La DGN es una mezcla ecléctica de funciones. Algunos abogados son curadores que representan a las personas adultas están bajo la tutela. Otros son valientes abogados en materia criminal. Otros pasan la mayor parte de su tiempo en los hospitales psiquiátricos.

La Ley de Salud Mental 2010 proporciona acceso a un abogado para cualquier persona detenida en centros de salud mental. En la Ciudad de Buenos Aires, es la DGN quien cumple esta función. El equipo incluye a once abogados que trabajan a tiempo completo, y una gama de especialistas que trabajan de 9am a 3pm todos los días: tres psiquiatras, tres psicólogos y tres trabajadores sociales. Estas personas abarcan más de 25 instalaciones privadas y quince hospitales públicos para los adultos, tres de los cuales son grandes instituciones: "José T. Borda", que alberga alrededor de 700 hombres, y "Braulio A. Moyano", que cuenta con alrededor de 800 camas para las mujeres, y " Torcuato de Alvear "de casi 100 adultos y unos 30 niños. De los 1.500 adultos en los hospitales públicos, la gran mayoría son conocidos como "pacientes sociales" que sólo están en el hospital, porque no hay recursos en la comunidad.

Visité el hospital Moyano. Es una típica institución mental. Fue construida en 1895 para "Alienados", una fantástica palabra para describir el sistema loco que estaba siendo establecido en todo el mundo a finales del siglo XIX. En ese momento, eran las afueras de Buenos Aires y gracias a la rápida expansión de la ciudad, el hospital ahora está situado en un barrio pobre. Está rodeado de jardines exuberantes con palmeras, estoy seguro de que los edificios anteriormente-gloriosos ofrecen a los "alienados" un sentido encantador de asilo.

Dentro de los siguientes tres días hábiles de notificado de la admisión, un abogado defensor público ve a la persona recién ingresada a la institución, y a partir de entonces lo hace más o menos una vez por semana. "Le decimos a los personas asistidas que estamos aquí para defenderlos a ellos", explica Soledad Valente, una abogada defensora pública que trabaja en Moyano tres días por semana. El abogado se convierte en el defensor de la voluntad de esta persona quien puede dar instrucciones al abogado para hacer todo tipo de cosas, como sacarlos de la institución, resolver cuestiones sobre su propiedad o sobre la falta de recursos que pueden impedir que la persona regrese a la comunidad, o tratar cuestiones sociales y realizar acuerdos con los familiares. Gabriela Spinelli, la otra abogada pública que vino con nosotros, dijo que el objetivo es apoyar a las personas internadas en todo lo que necesiten.

Una persona internada venia arrastrado sus pies hacia nosotros, sus brazos temblando visiblemente. Se acercó a Valente quien estaba hablando conmigo, y Valente asistió a las necesidades de la mujer acompañándola a su servicio. En otros países he visto abogados sacarse de encima a las personas internadas. Pero no aquí. Fuimos a un servicio denominado "Pinel", llamado así  obviamente en referencia al psiquiatra francés que liberó a los locos parisinos de sus cadenas.. Me pregunto qué habría pensado Pinel al saber que su nombre se utiliza en un departamento que alberga personas en entorno institucional y comunal pobre, en los que no  se usan cadenas, pero si se usan correas.

Estos defensores técnicos son funcionarios públicos contratados luego de aprobar  concursos públicos. Su estabilidad se asemeja a la de los jueces o los fiscales y son independientes tanto de esos poderes como también del poder ejecutivo Por lo tanto, son verdaderamente audaces. Los administradores del hospital saben que los defensores puedan iniciar litigios sobre cualquier tema en cualquier momento, por lo tanto, es frecuente una colaboración que no he visto en otros países. Algunos hospitales van incluso demasiado lejos para complacer a los defensores. "En un hospital privado nos enteramos de que el director había dado instrucciones a todo el personal de que registren todo con cuidado en las historias clínicas de los personas ", dijo Valente, "debido a que los defensores públicos nos están observando atentamente!

Los resultados del servicio de defensa han sido impresionantes. Desde que comenzaron en el año 2011 el servicio ha defendido cerca de 10.000 personas hasta el día de hoy. Han evitado  los abusos sexuales y también el uso del aislamiento y la contención, el tratamiento de electroshock, y se ha conseguido tratamiento para las personas que no estaban siendo atendidas. Se han mejorado las restricciones para las visitas y llamadas telefónicas, han reducido la duración de las hospitalizaciones y el aumento de la información que el hospital da a las personas durante su internación.

Han mejorado la vida de muchas personas que se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad que las torna más susceptibles tratos abusivos. Pero, con tres años de experiencia (ahora casi cuatro), el servicio quiere llegar a ser más estratégico. La Ley de Salud Mental compromete al gobierno a cerrar las grandes instituciones psiquiátricas para el 2020. La Directora de Salud Mental de Buenos Aires dice que "no está de acuerdo" con la ley. Estamos casi en la mitad del período entre 2010 y 2020 y ¿que se ha avanzado en la ciudad de Buenos Aires en la evacuación de las instituciones y el desarrollo de servicios basados en la comunidad? Nada. El noventa por ciento de los gastos de la ciudad en la salud mental va hacia el mantenimiento de los hospitales mentales, y el diez por ciento en servicios de la comunidad, a pesar de las mejoras en otras partes del país.

"Estas grandes instituciones son de otra época", explicó María Florencia Hegglin, una defensora publica que ha coordinado un proyecto sobre los derechos de participación política de las personas con discapacidad. "La gente tiene el derecho a vivir en la comunidad, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les está fallando. Necesitamos un cambio en la sociedad.”

¿Podría la Defensoría General de la Nación impulsar el cambio que quiere ver? Muchas piezas que se necesitan para el litigio estratégico están en su lugar: un poder judicial capacitado (el DGN ha elaborado un manual para jueces y ha lanzado una capacitación sobre derechos de las personas con discapacidad); un grupo de abogados con agallas con acceso garantizado por ley a los hospitales; y cerca 1.500 personas encerradas en los hospitales de la ciudad.

Cuando nos íbamos del hospital Moyano un paciente se acercó a Gabriela y Soledad. "Disculpe, ¿qué hora es?", Preguntó la mujer. Gabriela miró su reloj y dijo: "Las cuatro en punto." La mujer parecía abatida. "¿Aún?", preguntó. Un día entero una institución de ese tipo sin hacer nada es algo suficientemente malo, pero cuando la institucionalización lleva meses, o años, el tiempo se detiene rápidamente. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar esta mujer para  salir y llevar una vida en la comunidad?

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